Derecho intrafederal en materia tributaria. Perspectiva de los tribunales porteños en el tratamiento de la actividad industrial.

Abstract

El 24 de noviembre de 2015, el máximo tribunal de la Nación se pronunció en una serie de causas promovidas por las provincias de San Luis y Santa Fe contra el Estado Nacional, en las que –en lo que aquí interesa- declaró la inconstitucionalidad de las normas que permitieron a la Nación, la detracción en forma unilateral –sin el acuerdo previo de las provincias- de una porción de la masa coparticipable para financiar a la ANSES. Asimismo, exhortó “…a los órganos superiores de nuestra organización constitucional [Poder Ejecutivo Nacional y Congreso Nacional]…a fin de consolidar el proyecto federal de nuestra constitución” a asumir “…el rol institucional que les compete como coordinadores del sistema federal de concertación, implementado con rango constitucional en 1994…” a que “…empren[diesen] cuanto antes el diálogo institucional que desemboque en el nuevo Pacto Federal Fiscal, que sentará las bases de las futura ley-convenio [de coparticipación]” Con dicho objetivo, se reabrió la mesa de negociación entre el Estado Nacional y las provincias y se impulsaron las tratativas a fin de “re-pactar” algunos aspectos sobre los que se sostiene nuestro federalismo fiscal y encontrar la manera de descomprimir las tensiones propias de un sistema en el que coexisten distintos niveles de gobierno con poder del imposición, a la par de garantizar a cada uno de los distintos órdenes una fuente de recursos suficiente para el cumplimiento de sus cometidos. En dicho contexto en noviembre de 2017 se firmó el llamado “Consenso Fiscal”, del que formaron parte el Gobierno Nacional y los gobernadores de la mayoría de las provincias argentinas –excepto San Luis, que no aceptó las condiciones allí propuestas-. El texto de este acuerdo, fue precedido de largos debates con relación a cuál debiera ser la mejor manera para armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones, en tanto la inobservancia de los mecanismos de coordinación financiera por parte de los gobiernos locales, así como del Estado Nacional, se evidenció en el alto nivel de litigiosidad observado, por cuanto se iniciaron múltiples causas a lo largo de todo el país con fundamento en el incumplimiento de la ley de coparticipación y de los compromisos asumidos en los pactos fiscales de principios de la década del ´90. Se trata pues, de conflictos que trasuntan aquello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha bautizado bajo el nombre “derecho intrafederal” (fallos: 314:862), en tanto fruto del acuerdo entre los estados nacional y locales5, el que se materializa en leyes convenio cuya naturaleza jurídica, jerarquía, exigencia, vigencia de su contenido y exigibilidad -entre otras cuestiones- han sido materia de debate por parte de la doctrina y de la jurisprudencia. Principalmente, con motivo del examen de la configuración de los recaudos que habilitan la competencia originaria de la Corte nacional, en aquellas contiendas que evidencien una pugna entre normas de este tipo. En este trabajo, no pretendo profundizar ese enfoque, del que me serviré, sin embargo, a fin de analizar el tipo normativo, sino que me concentraré en estudiar el tratamiento que se ha dado al derecho intrafederal en materia tributaria por parte del máximo Tribunal de la Nación, así como de la consiguiente doctrina y en contrastarlo con el examen efectuado por los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de contiendas en las que, dada la exención reconocida a la actividad industrial en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, se analizó su compatibilidad con las normas dictadas a nivel local en esa materia.