El alcance del derecho a ser escuchada de las víctimas de violencia de género en la audiencia de suspensión del juicio a prueba

Abstract

En las últimas tres décadas puede observarse como la participación de las víctimas en el proceso penal aumentó. Ello se vio reflejado en el reconocimiento jurisdiccional de distintas potestades tales como su intervención en calidad de querellante, su capacidad para continuar la acción penal pública en caso de que él o la representante del Ministerio Público Fiscal (en adelante MPF) decida renunciar a su ejercicio, el reconocimiento de legitimidad procesal de organizaciones no gubernamentales que representan intereses colectivos, etc. No obstante, este avance coincide con una crisis de legitimidad del poder judicial en general y del proceso penal en particular. Algunos autores advirtieron que ello respondía a la necesidad de resolver estos problemas más que a la voluntad de escuchar a uno de los actores fundamentales del conflicto que subyace al proceso1. Sin embargo, ese avance tomó caminos más auspiciosos y la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos es, por ahora, su corolario.