Argumentos a favor de la relativización de la regla de exclusión de prueba ilegal

Abstract

¿Cuál es el camino apropiado cuando en un proceso penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado? Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y doctrina argentina pueden reducirse a estas cuatro proposiciones centrales: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías irregulares; y la exclusión es el único (o mejor) remedio para afrontar la situación. (…). En este artículo planteo un desafío rotundo a las nociones mayoritarias. Propongo un esquema normativo alternativo, basado en una ponderación que incorpore y le dé peso a factores como el descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y el conocimiento de la violación por parte del agente público. (…). La solución al uso de prueba ilícita no es evidente, porque hay muchos intereses válidos involucrados y además en el plano nacional y regional no hay una previsión legal expresa que la prohíba. No pienso que la regla de exclusión deba ser abrogada, sí reevaluada y usada en un espectro de casos mucho más acotado que en la actualidad. Mi oposición a la regla es plural, pero parto de una premisa central: no hay un imperativo constitucional que imponga la exclusión de la prueba ilegal; la exclusión es una manera posible, pero no la única y claramente no la mejor, de proteger los distintos valores constitucionales en juego. Una vez que se deja de pensar en la exclusión como un derecho constitucional, se reflexiona con mayor desapego y apertura mental sobre la cuestión.