Reserva de ley en la ejecución penal. El problema de la indeterminación legal de la prisión domiciliaria

Abstract

El principio de legalidad es un pilar fundamental de la legislación penal moderna y de nuestro sistema jurídico, aunque con alcance diferenciado según la materia a la que se aplique. Se encuentra reconocido en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y, por vía del artículo 75, inciso 22, en los artículos 9 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señala Manili que el principio de legalidad general “significa que los derechos fundamentales de las personas, consagrados en el bloque de constitucionalidad, solo pueden ser restringidos, limitados o reglamentados por ley del Congreso, es decir, por ley en sentido estricto (art. 19)”, mientras que en materia penal, por aplicación del art. 18, implica que sólo son punibles aquellas conductas tipificadas en normas que cumplan los requisitos de ser ley estricta, cierta, escrita y anterior al hecho.