| dc.description.abstract | Desde el último cuarto del siglo XX, en los países desarrollados y emergentes, la política económica
se movió hacia concepciones que priorizan el ajuste de política monetaria y fiscal, la privatización de
activos estatales y la desregulación de diferentes segmentos del mercado (entre ellos y, centralmente,
el laboral), en lo que comúnmente se dio en llamar “el auge del neoliberalismo”. Es cierto que en los
países desarrollados el grado de convergencia hacia los modelos de mercado siguió variando. En
Europa continental y en los países nórdicos particularmente, el Estado de Bienestar resistió en buena
medida estos cambios. Los sindicatos siguieron siendo actores clave en la negociación del ingreso
a nivel sectorial y en materias como la formación profesional y la capacitación laboral (Hall y Soskice,
2001; Thelen, 2014). Sin embargo, al menos hasta hace poco, aun en los casos de países con sindicatos
fuertes, en una comparación diacrónica, la tendencia inequívoca era a la desregulación de las
relaciones laborales (o sea: descentralización y menor cobertura de la negociación colectiva salarial,
baja de costos de despido y poda de beneficios asociados a un contrato estable) (Baccaro y Howell,
2017). La crisis financiera de 2008-2009, el ulterior ataque a la estabilidad del euro y las políticas de
austeridad resultantes no hicieron más que abonar el sendero de la desregulación. Desde luego, este
cambio en la política pública fue acompañado (e impulsado) por transformaciones tecnológicas y en
las formas de organizar el trabajo, desde los modelos fordistas de producción en serie de la posguerra
a la economía de plataformas digitales, pasando por la deslocalización (el outsourcing) como estrategia
empresarial nodal para bajar costos (Thelen y Rahman, 2019). | es_AR |
